El pasado 24 de Enero, la Representante de la Plataforma por el Respeto Social y Delegada de ACEPI mantuvo reunión con la Primer Teniente Alcalde Juncal Carrascosa y el Concejal de Bienestar Social Carles Xerri.
La vocal de la asociación ACEPI explicó a los responsables de la Alcaldía la labor en que se estaba centrando la asociación: la asesoría y defensa de derechos de las personas con diversidad funcional individual y el derecho del colectivo en las instituciones.
Se comentó en la mesa que las personas se pierden en el laberinto burocrático y el procedimiento de las administraciones. Lo importante que era los plazos para recurrir las resoluciones y de estar muy pendientes de las renovaciones de las certificaciones de dependencia, porque la caducidad de ésta podría motivar la retirada de la prestación.
Las valoraciones de discapacidad no están siendo a derecho según dicta el Real Decreto, y esto está ocasionando la pérdida de grado o del mismo derecho de discapacidad que parte del 33 %. Si a esta pérdida o a la valoración efectuada no se reclama y se lleva a demanda (juicio) las personas no podrán gozar de derechos que le corresponden. ACEPI, trabaja para que las personas puedan reclamarlo con la reclamación previa e intenta luego llevarlos por justicia gratuita para que el coste del proceso le sea gratuito, aunque a veces, hay personas que debido a su economía deben de entrar por abogados privados. Previniendo esto, la asociación ha formalizado convenios con abogados especialistas en diversidad funcional (discapacidad) para que el coste sea el más reducido posible.
Fue muy agradable encontrar que Carles Xerri estuviera al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Preguntó si ya se estaban cobrando los retrasos de dependencia. La vocal de ACEPI le contestó que le estaba llegando que si, que se estaban recibiendo las resoluciones favorables, pero que aún quedaba un gran número de personas sin valorar. Tras la sentencia del Tribunal Superior que da por nulo la minoración de prestación por cuidador no profesional y el copago de los centros, la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas debería de hacer una revisión de oficio para devolver el dinero que se le descontó irregularmente entre el 2013 y 2015.
También comentó la representante que se ha firmado convenio con la clínica NEUROTEC para las terapias y la rehabilitación. A parte de un convenio con Ramón Bonilla, Neuropsicólogo, para diagnósticos, pericias mentales, valoraciones psicopedagógicas, etc.
A cuanto el derecho del colectivo en las instituciones, ACEPI, les comentó que la Convención de las personas con discapacidad era una ley superior de obligado cumplimiento. La pirámide de Kessen, la jerarquía de las leyes, obligaban a las ordenanzas locales a adaptarlas según los derechos recogidos en ésta Convención.
Por esto, era importante que las personas con diversidad funcional (discapacidad) tuvieran una representación en los ayuntamientos a través de un Consejo de Diversidad Funcional, para que puedan transmitir todos los problemas que ocasionan sus limitaciones y se les pueda solucionar. ACEPI piensa que las personas que no carecen de estas limitaciones, que no son familiares directos, no pueden decidir sobre sus problemas porque no los conoce, y esto sólo pueden hacerlo los afectados, a parte, que se debe de tener una representación política para que estén siempre presentes en esas decisiones que también les afecta y que en otros ayuntamientos ya estaban funcionando reglados.
También planteó la vocal que no existe todavía la Atención Temprana en nuestra comarca, lo que hace que las familias deban de costear un elevado precio por los costes de un tratamiento de rehabilitador que debe de ser gratuito y/o desplazarse a otros centros sanitarios como Valencia, Manises, Alboraya, Aldaia, etc. que ocasiona un coste de tiempo para los niños que no deben de soportar.
La asociación también comentó que la reducción por IBI, impuesto de bienes inmuebles, por discapacidad todavía no estaba introducido en la ordenanza de Buñol, así como las compulsas eran excesivamente caras para el colectivo, puesto que el proceso administrativo conllevaba la necesidad de entregar un amplio número de fotocopias compulsadas generando un coste elevado para las familias que muchas veces no podían soportar. Juncal Carrascosa, con la amabilidad que le caracterizó en toda la sesión, respondió que ya se estaba trabajando en la ordenanza para bajar el coste de estas compulsas y que se intentará hacer descuentos por estudiantes, discapacidad, familias sin recursos, etc.
La delegada de la Asociación transmitió que las necesidades educativas especiales es algo que se debe de tratar. Los padres necesitan mucha ayuda y se debe de dar ese acercamiento para conocer lo que necesitan. Las ayudas de necesidades deben de firmarlas los psicopedagogos para que los padres puedan recibir las ayudas que van invertidas en terapias. El derecho de la escuela inclusiva debe de abrirse y de tenerse en cuenta también en Buñol.
La asociación quedó impresionada de la reunión. Tanto Juncal Carrascosa y Carles Xerri ofreció a ACEPI un apoyo y una amabilidad que no se esperaba. El reconocimiento de la labor que se está realizando, el tiempo que se le dedicó y sobretodo el apoyo en todas las formas posibles que pudieran aportar es impresionante. Sólo espera que los demás ayuntamientos sigan colaborando con tan buena disposición.