Alega que condena a los trabajadores a tener congeladas seis años sus condiciones laborales y el consistorio dice apostar por las mejoras sociales
Entre las ilegalidades que UGT dice que existe, menciona la intrusión que el Ayuntamiento hace en competencias de otras administraciones al atreverse a regular cuestiones como el ejercicio al derecho de huelga, otorgándose la facultad de fijar los servicios mínimos.
Así como exigir a la actual empresa que realiza el servicio, FCC, la remisión de las nóminas personales de los trabajadores saltándose la Ley de Protección de Datos.
Una de las principales cuestiones que preocupan al sindicato tiene que ver con la situación de los trabajadores y trabajadoras a la que induce el pliego aprobado por la corporación de Sueca y que les condena a tener unas condiciones de trabajo congeladas durante los seis años de vigencia de la contrata, puesto que al no tener actualización de precios durante ese periodo de tiempo difícilmente conseguirán mejorar sus condiciones actuales de empleo y salario.
Desde el Ayuntamiento, concretamente desde la concejalía de Medio Ambiente, aseguran que de ninguna de las maneras se incumple ningún tipo de legislación y advierten que acusar al Ayuntamiento de incumplir la ley puede tener consecuencias, máxime cuando ha habido una reunión con los representantes de los trabajadores para explicarles y responder las preguntas y dudas que tenían sobre dicho pliego.
La concejala del área, Isabel Jiménez, recuerda que la congelación salarial es fruto de un acuerdo previo firmado entre los trabajadores y la empresa en el año 2013, por lo que el Ayuntamiento, insiste, no tiene parte ni ninguna potestad sobre ese tema. En caso de que la nueva empresa adjudicataria quiera hacerse cargo de esa reivindicación salarial de los trabajadores no habría ningún problema, pero si no quiere hacerse cargo de esa reivindicación, porque lo considera ajeno, el problema continuará siendo una cuestión entre los trabajadores y la empresa porque es un aspecto que está fuera de este contrato.
Desde la concejalía se insiste en que las cláusulas sociales que se incluyen en el contrato que ha salido a licitación son de las más punteras que se han hecho en nuestro territorio porque se otorgarán hasta tres puntos adicionales a las empresas que se comprometan a incorporar en su plantilla, bien por la necesidad de personal eventual, bien para cubrir las contrataciones que resulten necesarias, a personas en situación de riesgo y/o exclusión del mercado laboral, personas receptoras de rentas activas de inserción o de salario social, jóvenes menores de 25 años sin estudios, mujeres víctimas de violencia o inmigrantes.